domingo, 21 de octubre de 2012

Mediocridad y compincheria política no permite modernizar el Estado


No hay Modernización del Estado posible sin una simultánea y profunda transformación de la sociedad y de su clase política, que por hoy están devaluados por su transfuguismo, oportunismo, compinchería, cretinismo, ignorancia, hipocresía, redomados, truhanes, desfachatez y signos de corrupción que salpica por todos lados. Solo algunos políticos se salvan de esta andanada de prejuicios y marca negativa que tienen la mayoría de dirigentes políticos de la región y el país.

Para lograr una administración pública al servicio de la sociedad no alcanza con sancionar buenas leyes, tener jueces probos o diseñar detalladas reformas administrativas. Es preciso que emerjan y se consoliden nuevas formas de hacer política que arraiguen en la participación activa y permanente de los ciudadanos en las definiciones que hacen a la cosa pública. Para ello se requiere abrir las organizaciones políticas y estatales a la sociedad, transparentando y simplificando sus actividades, de modo tal de lograr una alianza estratégica entre los servidores públicos y los ciudadanos.

 Hay que rechazar la idea de transformar a los ciudadanos en meros clientes de un organismo público. Si bien no es cuestionable que se pretenda contemplar las inquietudes de quienes utilizan un servicio, la cuestión democrática no se satisface con ello. Son los ciudadanos como tales, usen o no cada servicio público, quienes tienen el derecho (y una vez habilitado éste, el deber) de velar por su prestación eficiente y el equilibrio justo entre todas las áreas del Estado. Porque no es cuestión de que alguna clientela específica de un organismo público presione para demandar productos o calidades para cuya satisfacción haya que restar injustamente recursos a otras áreas.

Transparentar, informar, preguntar es el deber mínimo de la administración para con sus ciudadanos. Para hacerlo existen medios técnicos apropiados, como internet. Hoy no es ilusorio pensar en publicar en una página web no sólo las grandes compras y las licitaciones, sino cada nombramiento de personal y los movimientos de las “cajas chicas” de las diversas reparticiones públicas. Además de sencillo, esto no implica una traba para el accionar de la administración. Porque no hace falta organizar complejos mecanismos de control burocrático: basta con publicar cuánto se gastó en una compra dada para que cualquier ciudadano pueda verificar la razonabilidad de lo invertido. Basta también con indicar qué personas fueron contratadas, para qué tareas, con qué antecedentes curriculares y con qué sueldo, para poner en jaque a las inclinaciones nepotistas y al amiguismo clientelar.

Pero la cuestión de la participación ciudadana en la toma de decisiones implica apostar a las organizaciones sociales intermedias como interlocutores válidos en la formulación, implementación y evaluación de políticas. No se trata sólo de “oír al público”, sino de facilitar su real participación democrática, abriendo todo lo posible los mecanismos de control y los canales de participación.

En general, cuando se habla de “Estado” se hace referencia a una entidad única y monolítica, que responde a objetivos unívocos. Sin embargo, el Estado encierra un conjunto de instancias y funciones complejas y contradictorias, que lo hacen mucho más confuso de lo que parece a primera vista.
Por eso, hablar de “reformar el Estado” puede querer decir tantas cosas –complementarias o totalmente opuestas– que termina por significar nada. Su mención se torna fácilmente una retórica rutinaria usada para justificar cualquier cosa: desde el ajuste drástico de gastos recomendado por el recetario neoliberal, hasta la escasa voluntad o peso político para transformar sustantivamente la realidad en beneficio de las mayorías populares.

Una propuesta genuina de “refundar” el Estado no puede eludir la pregunta: ¿qué Estado para qué proyecto de país? No es lo mismo, por caso, plantear que el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía y en la vida social para dejarle libres las manos al mercado, que considerar irrenunciable la necesidad de ampliar las esferas de decisión y gestión públicas. 

La reforma del Estado no es solo “técnica”, sino profundamente política. Los aspectos técnicos, que involucran saberes especializados para definir los mejores medios para conseguir determinados fines, son muy importantes pero de ninguna manera pueden suplantar a las elecciones políticas. El problema es que ciertas opciones “técnicas”, diseñadas con racionalidad supuestamente “neutral”, siempre entrañan valoraciones profundas sobre lo que se considera como bueno –fin deseado– para la sociedad. Por eso, no se trata de poner sobre la mesa una suerte de menú o recetario de instrumentos organizacionales, sino de definir los objetivos y, entonces, encontrar los mecanismos apropiados para concretarlos.

Una verdadera reforma debe basarse en la construcción de una “alianza virtuosa” entre: a) una conducción política legítima y con gran consenso; b) quienes pueden aportar los saberes formales requeridos (técnicos); c) quienes ponen en práctica las acciones (agentes públicos) y; c) la sociedad, a través de múltiples instancias participativas. Cada uno de estos factores se vincula estrechamente entre sí y tiene su propia exigencia interna.

No se puede reformar el Estado sin reformar el sistema político. Por dos cuestiones: la primera, y muy básica, porque sin una genuina representatividad y legitimidad política es imposible liderar ningún proceso de cambio socialmente relevante. La segunda se refiere a la constitución misma del Estado, porque la burocracia se recluta en función de las prácticas predominantes del sistema de partidos. Por eso es central cortar con el clientelismo –rasgo endémico y recurrente en el país–, forma de relación que arrincona el espacio público a un lugar apropiable por intereses político-partidistas y privados.

En los últimos años se ha acentuado la degradación de la política y de la gestión pública, a causa de la búsqueda de espacios de poder desde donde, en lugar de concretar las demandas mayoritarias, se utilizan los recursos públicos para fines particulares. Esto se agrava en situaciones de crisis. Así, los partidos, disociados de toda voluntad genuina de cambio y carentes de proyectos para la sociedad, quedaron convertidos en meras “agencias de trabajo” para militantes y allegados. De este modo, perdieron sentido de lo colectivo y resintió totalmente la efectividad funcional de los cargos públicos. Ello conspira estructuralmente contra la idea de una gestión de lo público vinculada a los intereses de la sociedad y contra la posibilidad de incluir racionalidad técnica y eficiencia en la asignación de recursos. Solo con una profunda reforma política, que conecte genuinamente a los representantes con sus representados y los someta a un control estricto de la sociedad, podrá lograrse una gestión más eficiente del sector público.

Por eso es central reemplazar este tipo de tecnocracia por saberes profesionales sólidos y consistentes que funcionen con autonomía intelectual. En lo concreto, en lugar de consultoras pagadas por organismos internacionales es preciso abrir el sector público al saber proveniente, por ejemplo, de las universidades nacionales. En ellas hay capital humano de sobra para asesorar y ejecutar tareas técnicamente complejas.
Sin embargo, es muy difícil pensar en mejorar la calidad de la gestión en un contexto de fuertísima restricción económica y alto desempleo. En primer lugar, porque uno de los objetivos a perseguir es desterrar las prácticas clientelares, precisamente en tiempos en que más sectores intentan aferrarse a ellas como alternativa casi excluyente de supervivencia. Es necesario entonces establecer un mecanismo de financiamiento apropiado para producir la transición del ingreso clientelar o “amiguista” al basado en la idoneidad probada.

En segundo lugar, aun si la variable clientelar pura pudiera ser aislada y resuelta, instrumentar cambios positivos a partir de una estrategia de ajuste es otro objetivo impracticable. Porque el ajuste se asocia con la idea de sanción, de castigo. Uno de los soportes justificatorios sobre los cuales tradicionalmente se montan el ajuste del Estado, el recorte salarial y la reducción de personal es la deslegitimación de la función pública. Pero es impensable lograr la adhesión y el compromiso de los funcionarios sobre la base de la descalificación de las tareas y el desincentivo económico. Imponer la “calidad” por la fuerza sólo es concebible para quienes creen en las bondades disciplinadoras del temor al desempleo y el rigor normativo.
Cada vez que se habla de reformar el Estado se comienza por encargar la confección de un diagnóstico a instancias externas, lo que es percibido en el interior como amenazante u hostil. En el mejor de los casos, las visiones externas más profesionales y honestas pueden tener una aproximación general a las variables principales en juego. Pero difícilmente tienen acceso a los nudos críticos que atan la organización y la cultura organizacional, la estructura del poder. Se trata de entrarle en el debate técnico y político a los puntos fuertes y de sus obstáculos centrales caso contrario estamos rifando el futuro de la nación y sus generaciones. 

Por eso resultaría revolucionario iniciar un diagnóstico a partir de darle voz genuina a quienes protagonizan el hacer diario del Estado. El prejuicio indica que en este caso primarán los reflejos defensivos ante eventuales cambios o de quienes procurarán aferrarse a prebendas. Se dice entonces que el diseño “externo” garantiza un diagnóstico mejor y más objetivo. Pero ¿cuántas reformas efectivas se logran a partir de estos diseños? No debe olvidarse que las reformas en el Estado sólo las puede protagonizar la gente “de dentro”, cumpliendo con mayor racionalidad y entusiasmo una labor cuyo sentido entiende y comparte. La gente “de fuera”, participando en la definición de metas y controlando su ejecución. Creer lo contrario es seguir aferrado a una ilusión tecnocrática cuyos resultados están a la vista: mediocridad y compinchería para lograr un buen gobierno con transparencia y cero corrupción en la región y en el país.
   Néstor Roque Solís 

Reacciones:

0 comentarios:

Publicar un comentario